Entre 500 y 600 conductores son condenados cada año por superar excesivamente los límites de velocidad. «Me parecen pocos porque hay muchos más excesos de velocidad punibles. El objetivo es llegar a ellos para ir acabando con el sentimiento de impunidad», ha enfatizado el fiscal jefe de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas.
Vargas se ha referido a los conductores que incurren en delitos por exceso de velocidad tipificados en el Código Penal al superar en 80 km/h el límite establecido en autovías o autopistas (120 km/h) y en más de 60 circulando por ciudad (actualmente, límite de 50 km/h). Unos ciudadanos que, en opinión de Vargas, convierten su coche en «una ruleta rusa» que puede llevar «la muerte en cualquier momento, y eso no hay que olvidarlo nunca».
Es a estos conductores a los que el fiscal quiere poner ante un juez para lanzar el mensaje de que la justicia «no llega a ellos para hacerles daño, sino para evitar que un día haya una tragedia».
El fiscal propone incrementar la colaboración de las fiscalías provinciales con la Guardia Civil de Tráfico, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policía Foral de Navarra y agentes municipales, sin olvidar los radares.
Y es que, recuerda Vargas, el exceso de velocidad es una de las principales causas en los accidentes mortales y todos los mecanismos que existan en las carreteras para evitar esa infracción son «bienvenidos».
El último, el radar Pegasus instalado en un helicóptero de la DGT, puede captar a conductores que exceden la velocidad permitida hasta 5 veces más que un radar convencional. Para el fiscal de Seguridad Vial, hay que concienciar a la sociedad de que estos mecanismos «previenen accidentes».
Llamada de atención
«Esto tiene que entrar en los ciudadanos. Los radares evitan siniestralidad, porque ese conductor que es sorprendido recibe una primera llamada de atención que, en muchos casos, condiciona en el futuro su comportamiento al volante», ha asegurado Vargas.
Con todo, el fiscal ha subrayado que «la inmensa mayoría de los conductores son buenos y que hay que luchar contra esa minoría con comportamientos muy peligrosos al volante que reinciden, bien porque han escapado al radar o porque son indiferentes a una primera sanción administrativa y pueden pasar a la senda de la infracción penal».
«Para un fiscal no hay nombres ni fama», ha defendido Vargas en relación al caso de Ortega Cano, al que se ha referido como «uno más de los 2.000 ó 3.000 procedimientos que anualmente estudia la Fiscalía y sobre los que, a falta de una sentencia firme, el fiscal ni puede ni debe opinar».
Tampoco ha cuestionado la reciente concesión del Gobierno de indulto a un conductor kamikaze que provocó en 2003 la muerte de un joven de 25 años, pese a que la Fiscalía informó en contra de otorgar esta medida de gracia.
Vargas ha explicado que el Ejecutivo ejerce facultades no vinculadas al criterio del fiscal, aunque en la mayoría de los casos el Gobierno no otorga este tipo de indultos tras el informe contrario de fiscalía.
Fuente: ABC