El atropello de un pelotón ciclista por un conductor octogenario ha reabierto varios debates: ¿Debería haber una edad límite para conducir? ¿Hay rigor en los reconocimientos médicos para renovar el carné de conducir? Se obvia, sin embargo, otro tema no menos importante: ¿cómo es la movilidad de nuestros mayores fuera de las grandes poblaciones?
Por Maite Cañamares
El pasado fin de semana, un hombre de 87 años atropelló a un pelotón, mató a un ciclista y dejó a otros siete heridos graves en A Guarda (Pontevedra). Hacía apenas un mes que el anciano había renovado su carné de conducir. En el marco de la investigación abierta por la Fiscalía, el conductor será evaluado clínicamente para determinar sus capacidades al volante y poder establecer así si tuvo una pérdida de reflejos repentina o bien las carencias eran anteriores. De detectar alguna irregularidad en la declaración de “apto” de este octogenario, se investigará al centro médico que certificó su aptitud. La Fiscalía de Seguridad Vial de Galicia hace años que intensificó el control sobre los centros de reconocimiento médico. De hecho, Galicia fue la primera comunidad autónoma que llevó a juicio a uno de estos centros. Este terrible suceso reabre varios debates: ¿Existe un límite de edad para conducir? ¿Qué rigor tienen los reconocimientos médicos para renovar el carné de conducir? Pero obvia otro no menos importante, ¿cómo es la movilidad de nuestros mayores fuera de las grandes ciudades?
Aunque es cierto que los reflejos, la visión o el oído disminuyen progresivamente a medida que se cumplen años, el simple baremo de la edad no es determinante a la hora de establecer las aptitudes para la conducción –un cuarentón atiborrado de antihistamínicos puede ser potencialmente más peligroso en carretera que un octogenario no medicado–. Pero, y pese a este evidencia, si lo cierto es que el 45% de los mayores de 65 años ha perdido visión, el 25%, reflejos; y un 17%, oído, la atención vuelve a dirigirse a los centros de reconocimiento médico donde existe la sospecha, por no decir la evidencia, de que las exploraciones son poco o nada exhaustivas. Es deber de la Fiscalía, por tanto, perseguir este potencial fraude y de la DGT, alertar a los mayores de sus limitaciones al volante. Llegado el caso, incluso impedir la renovación del carné de conducir. Pero tan importante como esto, es que las administraciones competentes, en este caso concreto diputaciones y ayuntamientos, faciliten desplazamientos alternativos a nuestros mayores. Porque lo que nadie parece tener en cuenta, es que la mayoría de estos conductores ancianos residen en áreas rurales donde el coche privado es el único medio de locomoción.
El medio rural en España abarca el 90% de nuestro territorio y en él habita el 35% de la población, mayoritariamente jubilados. Centros de salud y administrativos, sucursales bancarias y tiendas, así como centros culturales o de ocio, están ubicados en cabeceras de comarca, lo que obliga a estas personas a desplazarse con frecuencia muchísimos kilómetros para satisfacer sus necesidades cotidianas. En contrapartida, las redes de transporte público son prácticamente inexistentes por su baja rentabilidad. ¿En qué se traduce esto? En que mientras un jubilado que vive en Madrid puede optar por desplazarse en autobús, metro o cercanías, un jubilado de pueblo, por ejemplo del mío, Viana de Jadraque (Guadalajara), está “obligado” a tener coche y renovar el carné porque tiene que desplazarse sí o sí más de 20 kms. hasta Sigüenza para hacer la compra o ir al banco, y 70 kms. hasta Guadalajara, si necesita hacerse una prueba médica especializada. Todo ello con el añadido de que la mayor parte de estos desplazamientos discurren por vías locales y convencionales, que son las que mayor tasa de siniestralidad acumulan.
Los mayores no son tontos. Pocos no son conscientes de que son más inseguros y lentos al volante. La mayoría se autorregula en el uso del coche: procuran no conducir de noche, en circunstancias meteorológicas adversas e incluso evitan los grandes desplazamientos. Pero al final tienen que buscarse la vida. Y en muchas zonas de España, esto significa seguir conduciendo. Ni las altas tasas de siniestralidad en carreteras convencionales, ni entre personas mayores, les disuade de seguir manteniendo el vehículo privado y de renovar el carné de conducir… ¿A dónde van sin el coche?
Si trabajo de la Fiscalía de Seguridad Vial es perseguir el potencial fraude en los centros de reconocimientos médicos; de la DGT, evitar los siniestros vigilando y concienciando a los conductores; no menos importante es la tarea de diputaciones y grandes ayuntamientos a la hora de garantizar las condiciones de vida de sus vecinos. Este trabajo va mucho más allá de mejorar y ampliar las carreteras ya existentes, afianzando aún más si cabe un modelo de movilidad basado en el uso del vehículo privado. Si lo que queremos es que los abuelos “aparquen” el coche, tendremos que garantizarles otro tipo de movilidad, alternativa al propio automóvil. No es una tarea fácil para la que haya soluciones de manual. Pero, sin duda, habría que ponerle voluntad e intentarlo. No solo descenderían los siniestros viales, se reavivaría la vida en los pueblos.